Manuel Delgado en su ensayo "El animal público" hablaba de la necesidad de controlar desde el poder al ciudadano, ya que "nadie sabe lo que puede un cuerpo". Al mismo tiempo constataba que la progresión de la vigilancia revelaba su propia incapacidad de establecer un control eficaz y fiable de cualquier individuo, ya que éste, en el espacio público, es pura potencia.

Los últimos acontecimientos en los que nos hemos visto envueltos, se han traducido en un considerable aumento en la demanda de personal de seguridad privada por parte de centros comerciales y de ocio, centros de transporte y de comunicaciones, grandes multinacionales, hoteles y, en general, por parte de grandes espacios públicos. Un aumento cifrado por APROSER -asociación que reúne a las principales empresas del sector- en un 15% y frente al que las compañías de seguridad apenas tienen capacidad de respuesta. Los acontecimientos no han hecho sino agravar la situación de escasez de personal que está sufriendo el sector de la seguridad y de la vigilancia privada en nuestro país.

Una falta de recursos humanos estimada entre 15.000 y 17.000 puestos de trabajo de vigilancia, lo que, en muchos casos, impide hacer frente a la demanda de servicios y obliga a recurrir a las horas extras, con el consiguiente encarecimiento de precios. La rigidez del sistema de selección del Ministerio del Interior es uno de los principales motivos que explican esta circunstancia. En primer lugar, la Ley de Seguridad Privada sólo permite trabajar en este sector a los ciudadanos que tienen nacionalidad española o de la UE, con lo que la inmigración como fuente de mano de obra queda expresamente descartada.

Otro de los motivos también señalado por el sector como principal responsable de la escasa atracción de profesionales se refiere a los tiempos y plazos que transcurren desde la selección de un candidato hasta su habilitación profesional. Jesús Posadas, consejero delegado de Securitas, afirma que el intervalo desde que se selecciona a un candidato hasta que éste puede comenzar a desempeñar su trabajo es de aproximadamente 19 semanas y media.

«La consecución de la Tarjeta de Identificación Profesional que habilita para ejercer las funciones que la Ley de Seguridad Privada contempla, es un proceso que puede llevar de tres a cinco meses. Es un trámite demasiado lento, costoso y complicado», explica Javier Mirallas, presidente de la empresa CESS, que también señala el escaso reconocimiento social de la figura del vigilante como otro de los motivos a tener en cuenta para explicar las dificultades a la hora de atraer nuevos profesionales al sector.

Las nuevas amenazas a la seguridad global no ha variado ni los perfiles ni los procesos de selección que hasta ahora venían realizado estas empresas. «Nuestros técnicos en planificación trabajan más analizando vulnerabilidades en determinados clientes, pero no hay un cambio sustancial en este sentido», explica Javier Mirallas.

No obstante, Javier Rodríguez Baquero, director de Eulen, considera que el sector«tiene que adaptarse a las nuevas necesidades que la sociedad nos vaya requiriendo, por lo que es muy importante la especialización, así como la inversión en I+D+I para actualizar procedimientos, técnicas, etc... a las nuevas condiciones del entorno».

Compaginar la vigilancia estática con sistemas que introduzcan las últimas aplicaciones tecnológicas es, en opinión de Alfonso Tomás, presidente de Aproser, el principal reto del sector. «De momento, trataremos de que el nuevo Gobierno entienda la situación de estas empresas y flexibilice la entrada de nuevos profesionales -afirma-. De cualquier manera, esperamos que este notable aumento en la demanda de nuestros servicios se estabilice a corto plazo».

En este contexto de expansión del sector se presenta Security On Site, un proyecto dedicado a la solución creativa de los problemas que afectan a las empresas de seguridad.